Interpretación de servicios públicos: el caso de España

Estando de turismo en China, me encontraba yo disfrutando de unas merecidas vacaciones y del impresionante paisaje que me regalaba la Gran Muralla cuando de repente… ¡me tuerzo un tobillo! “No pasa nada”, pensé “esto me lo vendo yo con los conocimientos de primeros auxilios que aprendí en los Boy Scouts y sigo adelante”. Seguí caminando y, lo que parecía un dolor inicial y pasajero, se tornó en un dolor insoportable y permanente. “Voy a echarle un vistazo al pie a ver qué me encuentro…”. Para mi sorpresa, el color y grosor de mi tobillo comenzaron a asemejarse a una uva madura y el dolor no cesaba… “Acéptalo, no hay remedio, tienes que ir al hospital”, me dijo mi acompañante. Hasta ese momento, siempre habíamos estado acompañados del guía, con quien nos comunicábamos en inglés y que fue tan amable de acompañarnos hasta encontrar el hospital, pero una vez allí… estábamos solos ante el peligro. ¿Qué hacer en una situación semejante? Seguro que más de uno de nuestros lectores se ha encontrado preguntándose lo mismo en algún momento…

Para situaciones de este tipo surgió la interpretación de los servicios públicos. Este tipo de interpretación es la que ofrecen organismos públicos tales como hospitales, juzgados, comisarías de policía, oficinas de empleo, etc. para aquellas personas que, residan o no en el país en cuestión, no puedan comunicarse adecuadamente en el idioma o los idiomas oficiales del país.

A pesar de ser un servicio más que necesario en países con una industria turística importante como el caso de España, y que cada vez cobra más importancia debido a la sociedad globalizada en la que vivimos, aún es una profesión joven en muchos países, y la situación es distinta dependiendo del país. Es sorprendente que no se preste la suficiente atención a este tipo de interpretación o que no se le de la importancia que merece, ya que, como os podéis imaginar, cualquiera de nosotros se puede encontrar en una situación de este estilo y que su empleo, situación legal o incluso su vida pueda depender de ese intérprete que media entre los servicios públicos y el extranjero.

No es difícil imaginar la tremenda responsabilidad que recae en el intérprete en cuestión, que no solo debe contar con conocimientos lingüísticos y del campo profesional específico, sino culturales, ya que hay gestos o situaciones que difieren en gran medida de un país a otro y, si se conocen, pueden evitar conflictos mayores, (¿alguien ha probado a pedir 2 sandwiches en Inglaterra alguna vez? Si los pides con la palma mirando hacia el dependiente todo irá bien, pero si se nos ocurre girar la palma hacia el otro lado, es posible que la cara de nuestro interlocutor cambie… e incluso que nos ganemos una contestación poco amigable…).

Para tener una idea más concreta sobre este servicio, en esta ocasión contamos con Carmen Toledano Buendía, profesora titular de la Universidad de La Laguna y Directora del Experto Universitario en Traducción e Interpretación de los Servicios Públicos (EUTISC).

Carmen, es un placer contar contigo para esta entrada en nuestro blog. Antes que nada, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre la profesión del intérprete de servicios públicos en España. ¿Qué requisitos son necesarios para poder trabajar como intérprete de servicios públicos?

En la actualidad no es necesario ningún requisito para trabajar como intérprete de servicios públicos en España. Se trata de un ámbito poco regulado y la situación es muy variada, incluso dentro de la propia Administración del Estado. Algunos traductores / intérpretes han pasado una oposición, otros son contratados a través de agencias, y en otras casos lo hace la administración o el cliente directamente. Pero el denominador común es que no se exige ningún tipo de titulación ni formación específica ni en traducción e interpretación y mucho menos en interpretación en servicios públicos para ejercer como intérprete en ese ámbito.

Sabemos que en otros países europeos, como en el caso de Reino Unido, esta profesión está muy desarrollada, y regulada, ¿es ese el caso en España? ¿Puede un intérprete sin formación llevar a cabo este trabajo, aunque no sea la situación ideal? ¿Hay que estar colegiado o ser miembro de alguna organización profesional?

En España no existe ningún registro oficial de traductores e intérpretes en SP ni existe un colegio oficial de traductores e intérpretes. Sí existen asociaciones profesionales que desempeñan una labor muy importante en el proceso de reconocimiento profesional y en la formación continuada de sus miembros. Desde luego no es ésta la situación ideal. Todavía se piensa que para interpretar en estos contextos es suficiente con hablar el idioma y se desconoce la dificultad y complejidad de la labor, así que es muy frecuente –cabría decir que es lo normal- que las necesidades de mediación interlingüística se solucionen de manera improvisada, recurriendo a empleados de otras áreas de la propia institución con ciertos conocimientos de idiomas, a voluntarios, a los propios acompañantes de los usuarios (a veces niños o familiares implicados en el conflicto en el que se trata de mediar), etc. Hay muchos estudios que han puesto de manifiesto las importantes deficiencias en los procesos de comunicación mediados por intérpretes no profesionales no sólo en la precisión de la información que se transmite –lo que se dice y cómo se dice-, o en la adopción de papeles que no les corresponden actuando como consejeros, asesor, por ejemplo, sino incumpliendo principios deontológicos básicos como la neutralidad o la confidencialidad que pueden tener consecuencias muy graves tanto para el cliente como para la institución. Estas deficiencias pueden poner en peligro el bienestar e incluso la salud del usuario de los mismos, y redundan en el mal aprovechamiento de los recursos que las instituciones ponen al servicio de los ciudadanos.

Dado que los intérpretes de servicios públicos pueden trabajar en todo tipo de situaciones, entre las que se incluyen juicios o visitas médicas, ¿qué tipo de responsabilidad tiene el profesional en cuanto a su trabajo? En caso de algún error de traducción, ¿ante quién responde?, ¿tiene algún tipo de protección por parte de algún organismo?

En el ámbito judicial penal, el único en el que la presencia del intérprete es obligatoria cuando el usuario (acusado, testigo, etc.) no habla español, el intérprete debe firmar un juramento donde se compromete a transmitir fielmente y de manera completa lo que se diga. En la práctica y a pesar de ello, muchas malas prácticas quedan impunes, como de hecho han denunciado plataformas como Jueces para la Democracia. En cuanto a la protección, este es un tema que suscita un gran debate en el ámbito de la interpretación, especialmente en contextos judiciales y policiales. Hace tan solo unas semanas que se les ha asignado un número oficial a los traductores e intérpretes jurados y se espera que ese sea el primer paso para proteger su identidad y que sus datos no sean tan públicos y localizables. Pero lo cierto es que en muchos documentos judiciales sigue apareciendo el nombre y número de identidad del intérprete, de manera que éste queda desprotegido frente a posibles represalias de delincuentes que pretenden que se traduzca lo que a ellos les conviene.

Ya que hemos mencionado la formación, nos gustaría que nos dieras una idea sobre el tipo de formación necesaria para llevar a cabo esta profesión, es decir, la formación que reciben los alumnos del EUTISC.

Para actuar como intérprete de servicios públicos de manera profesional se deben conocer en profundidad las lenguas de trabajo, diferentes variedades y registros, la terminología específica de los diferentes ámbitos donde se desarrolle su labor; dominar las modalidades propias de la interpretación para los servicios públicos (enlace, consecutiva, susurrada, telefónica) y las técnicas de traducción escrita para la transferencia de documentos habituales en dichos contextos. Asimismo es importante conocer los contextos y protocolos de actuación de las situaciones comunicativas y culturales en los que se requiere la mediación interlingüística.

En el EUTISC formamos intérpretes para mediar tanto en ámbitos jurídico-administrativo (juzgados, comisaría, oficinas de extranjería, etc.) como socio-sanitarios (hospitales, servicios sociales, escuelas, etc.). Las clases de lengua, de traducción e interpretación están complementadas por una serie de seminarios teóricos, charlas y conferencias sobre materias como derecho procesal, derecho del trabajo y ley de extranjería, violencia de género, atención sanitaria, oficina de asilo y refugio, etc.,  que familiarizan a nuestros estudiantes con los contextos de trabajo. Al final del curso, los alumnos tienen 60 horas de prácticas de interpretación en diversas instituciones, lo que les permite conocer de primera mano las particularidades del ejercicio profesional

Volviendo al caso español, ¿cómo pueden los organismos públicos contratar estos servicios?, ¿hay algún servicio lingüístico público que los facilite o se contratan los intérpretes directamente y sin intermediarios?

Al no existir un sistema de acreditación para la práctica no hay tampoco un listado al que solicitar intérpretes profesionales. A aquellos organismos que necesiten asistencia lingüística para atender a personas que no hablan español y no tengan cubiertos estos servicios les aconsejaría que contactaran con asociaciones profesionales o con los centros universitarios que imparten cursos de especialización en esta modalidad de interpretación. Allí les podrán poner en contacto con intérpretes con formación.

En cuanto a la parte del cliente, es decir, la persona que no habla el idioma del país y necesita utilizar los servicios de un intérprete de servicios públicos, ¿crees que en general se conoce esta opción entre la comunidad extranjera residente en España?, ¿tendría que pagar un cliente alguna tarifa por utilizar estos servicios?

Como mencionaba anteriormente, la legislación española garantiza la asistencia de un intérprete a aquellas personas que no hablan español exclusivamente durante los procesos penales de manera gratuita. En el resto de las situaciones y entornos, tanto judiciales como sanitarios, la administración no tiene obligación de ofrecer servicios de interpretación por lo que es el cliente el que debe contratarlo de manera individual. Hay algunos centros hospitalarios que cuentan con servicios de interpretación telefónica, o comisarías, principalmente en núcleos turísticos, que tienen también traductores e intérpretes para atender las necesidades de la población extranjera pero no es lo habitual. Algunos de nuestros ex-alumnos tienen, por ejemplo, clientes británicos residentes en la isla que los contratan para acudir a las consultas médicas.

En tu opinión como experta en el sector e investigadora durante los últimos años, ¿qué mejoras se han experimentado?

Hemos avanzado muchísimo durante los últimos años en la investigación y la formación en interpretación para los servicios públicos. Era una rama de los estudios de traducción e interpretación menos conocida. Sin embargo en estos momentos hay un desfase entre la madurez académica de la disciplina y la práctica profesional. Todas esas investigaciones tienen que llegar a los diferentes agentes y proveedores de servicios para que conozcan la importancia y las ventajas de la profesionalización y regulación del sector. Creo que no son conscientes de las consecuencias y riesgos que supone dejar la mediación en manos de personas con muy buena voluntad pero sin la capacitación adecuada.

Suponemos, por tanto, que aún queda mucho por hacer, ¿qué principales objetivos destacarías a corto y largo plazo?

El principal objetivo a corto plazo es  diseñar un sistema de acreditación de intérpretes para poder cumplir con las exigencias de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales aprobada en 2010 y que debe implementarse en los países miembro antes de octubre de 2013. El objetivo de esta directiva europea es garantizar el derecho de las personas a ser asistidas por un traductor/intérprete cualificado durante los procesos penales que se desarrollen en los países de la Unión, siempre que no comprendan la lengua del procedimiento. El texto menciona explícitamente la necesidad de que los traductores e intérpretes que asisten al sospechoso, al detenido o al encausado en los tribunales posean la necesaria cualificación. Sugiere además que los Estados Miembros deben establecer algún sistema de control sobre la idoneidad de la traducción e interpretación.

Simultáneamente debemos ir concienciando a las autoridades, a los usuarios y a las mismas personas que actúan como intérpretes sin la capacitación adecuada, acerca de la importancia de la formación para poder ofrecer un servicio con todas las garantías de calidad.

A largo plazo, el objetivo sería contar con modelos de prestación de servicios de asistencia lingüística como los que vemos en Suecia, Reino Unido, Australia y Canadá, donde la interpretación en los servicios públicos es una profesión asentada y reconocida por la sociedad y las administraciones implicadas y con una cobertura académica acorde a esta consideración.

Nos quedamos con una muy buena sensación sobre el gran trabajo que profesionales como Carmen están llevando a cabo para mejorar esta profesión, y nos despedimos con estos objetivos en mente: ¡Esforcémonos para conseguir que en España haya servicios lingüísticos públicos de calidad!

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One Response to Interpretación de servicios públicos: el caso de España

  1. Esperemos que entre todos se logre llevar a buen puerto la delicada empresa de mejorar la interpretación de servicios públicos en España.
    Saludos
    Dani

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